El paro nacional de 72 horas convocado por la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam) se extiende por tercer día en todo el país. La movilización, programada estratégicamente durante la discusión del Proyecto de Lay Presupuesto 2026 en el Congreso, se enfoca contra el congelamiento por segundo año consecutivo del per cápita basal, principal fuente de financiamiento de la Atención Primaria de Salud en Chile.
El per cápita basal es el mecanismo de financiamiento empleado por el Estado para transferir recursos a las municipalidades, que desde 2024 se mantiene en $11.798 por persona inscrita en los establecimientos de la Atención Primaria de Salud (APS), es decir, en consultorios o Centros de Salud Familiar (Cesfam) de cada comuna, de ahí la petición de aumentarlo en $1.000 para el próximo año como propuesta de mitigación.
El bloqueo de fondos obligaría a los municipios a costear con partidas propias los déficits con un impacto en la calidad de la atención, como detalla Carolina Araya Figueroa, presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Atención Primaria de la Salud Municipal de Rancagua (Afunsap): “Hay un congelamiento, o sea, no va a haber un aumento en esa cifra. Y eso, evidentemente, genera un perjuicio no menor a la atención de los usuarios, porque con ese dinero nosotros pagamos sueldos a los funcionarios, se compran los insumos y los medicamentos que se le entregan a los usuarios”.
Un factor adicional que motiva la movilización es la amenaza de dejar sin financiamiento al programa Más Adulto Mayor Autovalente (Más AMA), esencial para 1.5 millones de personas. La iniciativa se orienta a atender la problemática de la soledad de los adultos mayores, debido a que un porcentaje significativo de dicha población vive sin redes de apoyo. “Para nosotros como funcionarios de la salud nos parece tremendo que un programa que ayuda directamente a la población adulta mayor hoy día esté con cero financiamiento”, señaló Araya.
La dirigente reconoce que el gremio ha puesto presión sobre los ministerios de Salud y Hacienda, particularmente cuando las comisiones discuten las partidas del presupuesto fiscal 2026 en el Congreso, y eleva aún más sus preocupación al advertir amenazas a la operatividad y sostenibilidad del sistema, donde el riesgo de una caída en la calidad del servicio podría servir como argumento para una eventual privatización de la salud pública municipal: «no da abasto la salud pública, hay que privatizar», resume Araya. Respecto al actual momento político del país, añade que hay un sector para el cual «es evidente que no va a transar y que sí están por privatizar».
Pese a la paralización, la presidenta de Afunsap Rancagua es clara en la mantención de turnos éticos para garantizar la entrega de fármacos, alimentos y la atención de urgencia, e insiste en que el foco de la protesta es el servicio público: “El mensaje que nosotros queremos entregar a la comunidad es que hoy día nosotros no estamos en una movilización por algún beneficio económico para nosotros como funcionarios, sino que hoy día el llamado que nosotros hacemos como gremio es a defender la salud pública”.
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