El pasado 27 de mayo, la Contraloría General de la República aprobó las modificaciones al reglamento sobre objeción de conciencia en la Ley 21.030, que regula la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: riesgo vital de la madre, inviabilidad fetal y violación. El plazo para impugnar este reglamento ante el Tribunal Constitucional venció el 26 de junio sin presentar reclamos, consolidando así su vigencia.
Este nuevo reglamento busca asegurar que la objeción de conciencia legítima no impida el acceso a esta prestación en el sistema público de salud. De esta forma, se garantiza que las mujeres y niñas que califican bajo alguna de las causales no tengan que desplazarse entre centros de atención o regiones para ejercer su derecho.
Sin embargo, la objeción de conciencia continúa siendo un obstáculo importante, especialmente en la causal de violación. En la región de O’Higgins, el 68,9% de los obstetras se declara objetor de conciencia para este tipo de abortos, la cifra más alta a nivel nacional. Además, un 42,6% se acoge a la objeción en la causal de riesgo vital para la madre.
La Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Constanza Valencia, señaló que «esta realidad refleja una desigualdad territorial preocupante, que vulnera el derecho a una atención oportuna y segura». Por ello, valoró las modificaciones al reglamento, que obligan a contar con personal no objetor para garantizar la atención sin demoras ni traslados innecesarios.
Durante los siete años desde la implementación de la Ley IVE, se han registrado más de 6 mil casos en Chile, de los cuales el 85% han optado por interrumpir el embarazo. La edad más frecuente en la causal de violación es de 13 años, y en estos casos los centros de salud deben denunciar el delito.
El reglamento no elimina la objeción de conciencia, pero exige que exista personal suficiente que pueda brindar atención, evitando que ninguna mujer o niña sea negada o demorada en su acceso a un derecho ya establecido por ley.
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