Vecinos de San Fernando y organizaciones ciudadanas alertaron sobre graves irregularidades en el ingreso del proyecto de ampliación de terceras pistas en la Ruta 5 Sur, entre Rancagua y San Fernando, impulsado por la concesionaria ISA Intervial.
El proyecto fue ingresado recientemente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), dividiendo el tramo en dos y presentando solo la mitad del trazado como una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), fórmula reservada para iniciativas de menor envergadura y complejidad. Esta decisión contraviene el Decreto Supremo N°1 de 2018 del Ministerio de Obras Públicas (MOP), que mandata expresamente la construcción de terceras pistas continuas entre ambas ciudades, sin alterar el eje actual de la Ruta 5.
La propia Dirección General de Concesiones del MOP, en una comunicación formal enviada a la concesionaria en 2021, había reiterado que este tramo no puede fraccionarse ni modificarse su trazado original. A pesar de ello, la empresa optó por dividir el proyecto e ingresarlo como DIA, lo que reduce significativamente los estándares de evaluación ambiental y limita la posibilidad de participación ciudadana, salvo que sea solicitada dentro de los próximos 30 días por al menos dos organizaciones con personalidad jurídica o diez personas directamente afectadas.
En solo tres días, más de 1.300 personas han firmado en rechazo a un nuevo bypass en San Fernando, exigiendo que las terceras pistas se construyan también dentro del tramo urbano, mediante un viaducto sobre el estero Antivero que respete el valor agrícola, paisajístico y comunitario del valle.
Las organizaciones denuncian que una vez más se pretende imponer a regiones obras de menor estándar que las que se construyen en la capital, sacrificando zonas rurales productivas bajo el falso dilema entre conectividad y desarrollo local.
“El agro es hoy el segundo sector que más aporta al PIB nacional. No se puede seguir menospreciando su valor estratégico”, señalaron desde la agrupación Salvemos el Valle de Tinguiririca, y llamaron a las autoridades a garantizar un proceso transparente, participativo y con criterios de equidad territorial.
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