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Por Abelardo Caroca , 9 de mayo de 2024 | 16:54

San Fernando: Defensa de ex directora ISL reclamará a fiscalía regional

María José Diaz, ex directora regional ISL
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Defensa de María José Díaz, argumentó que causa estaba paralizada por un año y reclamará a fiscalía regional por formalización arbitraria.

En el Juzgado de Garantía de San Fernando, se realizó hoy la audiencia de formalización  contra la ex directora del Instituto de Seguridad Laboral, María José Díaz, por el presunto delito de Sabotaje Informático.

El hecho según denunciante ocurrió en las dependencias de la Corporación Municipal de San Fernando en diciembre año 2021 mientras era funcionaria municipal, a lo que la defensa no descarta realizar denuncia a la fiscalía regional por formalización arbitraria.

El Ministerio Público, fue representado por el fiscal Víctor Bobadilla, quien detalló los hechos por el cual se investiga a María José Díaz, señalando que “eliminó la totalidad de la información relativo al detalle de los gastos del convenio SAPU año 2021, lo que no fue posible de recuperar e implicó la imposibilidad de realizar procesos de rendición”.

“Estos hechos configuran el delito de ataque a la integridad de datos informáticos, previstos y sancionados en art 4 ley 21.459, el cual se encuentra grado de consumado y se atribuye a la imputada participación de autora”, señaló el persecutor.

El abogado defensor de la ex directora del ISL, Andrés Iturra Herrera, solicitó verificar el artículo y la ley, a lo que el fiscal señaló “magistrado corregimos calificación jurídica indicada y correspondería al artículo 1 y 2 de ley 19.223”.

Respecto a la discusión del plazo, el defensor cuestionó el procedimiento de investigación y señaló “esta causa es del 2021, no se realizó pericia a ningún computador y ya no se puede realizar pericia, estuvo parada más de un año y hace un mes atrás se activa, y de acuerdo a la carpeta investigativa todas las diligencias que buscan la participación de mi defendida estarían listas, en ese sentido solicitamos un plazo breve de 30 días”.

En tanto el fiscal solicitó un plazo de 90 días, y para argumentar sobre los plazos el abogado representante de la Corporación Municipal, José Antonio Álvarez, del staff de abogados Acevedo Santini y Cia., argumentó que el plazo debería ser de 120 días de investigación.

Finalmente el Tribunal resolvió decretar un plazo de investigación de 60 días. El querellante solicitó aplicar medidas cautelares de arraigo nacional e imposibilidad de acercarse a Corporación, lo que fue desechado por la magistrada a cargo.

Causa detenida más de un año

El defensor cuestionó duramente a la parte querellante en el primero de los casos al Ministerio Público, donde señaló textual “tengo los mismos códigos del fiscal, fui fiscal 15 años y una causa parada un año sin una diligencia requiere una sanción para un fiscal, no pasa en esta causa”.

“Quedan pendiente declaraciones de dos personas que son las dos denunciantes de este caso, nunca han declarado en la investigación o sea ni siquiera hay prueba directa de la imputación que están realizando, por lo que va a haber un reclamo por formalización arbitraria a la fiscalía regional”, esgrimió la defensa.

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