Por Alejandro León
El Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones de Tránsito (CATI), será un sistema centralizado bajo control del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que, mediante cámaras, algoritmos y sensores, detectará automáticamente infracciones en tiempo real, enviando los datos a los Juzgados de Policía Local para que cursen las infracciones al domicilio registrado en el Registro Civil del propietario del vehículo.
A diferencia de los antiguos fotorradares, que buscaban captar recursos económicos por medio de la detección de infracciones, este nuevo servicio público se enfoca en disminuir el número de personas fallecidas por siniestros de tránsito.
Si bien la captura de las infracciones será completamente automatizada, la ley no dejó fuera el control humano. Un funcionario de transportes o de Carabineros será el responsable final de confirmar la validez de las faltas, garantizando la necesaria confianza en el sistema.
Por otro lado, la normativa contempla que los dispositivos estén debidamente señalizados en las vías y en un sitio web, para que los conductores estén informados de los lugares donde estarán instaladas las cámaras de fiscalización. Así, la transparencia y falta de errores estarán debidamente resguardados al momento de cursarse las infracciones.
Sin embargo, la experiencia internacional ha demostrado que este tipo de tecnologías no están exentos de polémicas. En Colombia, por ejemplo, un fallo judicial invalidó miles de fotomultas porque muchas cámaras operaban sin permisos vigentes o hubo problemas para identificar correctamente a los vehículos infractores, generándose un ola de desconfianza y apelaciones a las multas cursadas.
Algo similar ocurrió en Brasil y Argentina, donde también han surgido cuestionamientos sobre la calidad de las pruebas y la transparencia de los procesos, factores que justamente en Chile han demorado la puesta en marcha definitiva para evitar errores similares.
Con todo, el arranque del sistema no espera ver la luz todavía. La ley fue promulgada en abril de 2023, pero su entrada en vigencia requiere la aprobación de los reglamentos que definirán dónde y cómo se instalarán las cámaras, y los estándares que garanticen el correcto funcionamiento de las mismas. Estos reglamentos, tras ser debidamente aprobados y publicados en el Diario Oficial, inician la cuenta regresiva de 90 días para el inicio de su funcionamiento.
Cuando esté habilitado, CATI promete garantizar una fiscalización uniforme y muy difícil de esquivar, pero la clave está en una implementación rigurosa, con certificados y garantías bajo permanente auditoría, para que este “Gran Hermano” realmente contribuya a salvar vidas y mejorar la seguridad vial.
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