Por: Alejandro León Irribarra
La pandemia del COVID-19 impulsó un aumento en las parcelaciones rurales con fines habitacionales en la Región de O’Higgins. Con el empleo del Decreto Ley 3.516, que permite subdividir terrenos agrícolas en lotes de al menos 5.000 m², cientos de familias adquirieron terrenos para construir viviendas, aunque legalmente los suelos sobre los que se asientan siguen siendo agrícolas.
El fenómeno fue particularmente fuerte en la provincia de Cardenal Caro. Según Nathalie Valdés, encargada regional de Recursos Naturales Renovables del SAG O’Higgins, “en esta región, básicamente es Cardenal Caro, lo que es la zona de Pichilemu, ahí es donde está la mayor cantidad de solicitudes de subdivisión y también de loteos que están en forma irregular”.
El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), muchas veces señalado como responsable de autorizar estas parcelaciones, aclara que su función es certificar planos, no aprobar subdivisiones ni construcciones. “Nosotros no autorizamos subdivisiones, certificamos planos. El que inscribe legalmente una subdivisión es el Conservador de Bienes Raíces”, explicó Valdés. La construcción, en tanto, debe ser autorizada por la Dirección de Obras Municipales (DOM), que verifica si existen condiciones para entregar servicios básicos.
Entre 2020 y 2022, las solicitudes en la región pasaron de cerca de 1.000 a más de 4.000, lo que desbordó la capacidad operativa del SAG. “Fue muy fuerte, muy intenso”, reconocen desde el SAG. Esta sobredemanda provocó demoras y llevó a reforzar controles. A partir de enero de 2025, se puso en marcha un plan de fiscalización regional, respaldado por la resolución 4788, que obliga a verificar que las subdivisiones cumplan su objetivo agrícola. Si se detectan construcciones o usos habitacionales, se derivan los antecedentes a la DOM, al Minvu o a la Superintendencia del Medio Ambiente.
El problema no es solo legal, sino también social. Estos loteos, comúnmente conocidos como “parcelas brujas”, se instalan sin acceso garantizado a agua potable, electricidad, recolección de basura ni caminos adecuados. Aun así, los municipios se ven obligados a responder, enfrentando obligaciones sociales, administrativas y legales.
El fenómeno ha dejado en evidencia una brecha crítica entre la normativa vigente y la realidad en terreno: terrenos agrícolas convertidos en barrios sin planificación, responsabilidades desdibujadas entre servicios públicos y municipios forzados a cubrir demandas en sectores que, por ley, no deberían existir como zonas habitadas.
Fotografía de: Pichilemu-Región 6 Propiedades
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