Casi un año ha transcurrido desde que se conoció una grave denuncia por presunto abuso sexual presentada por una asesora del equipo parlamentario de la diputada Marcela Riquelme. Sin embargo, el avance del caso ha sido lento, casi inexistente, generando suspicacia por el prolongado silencio institucional en torno a hechos que por su connotación merecerían celeridad, transparencia y respuesta.
La denuncia, presentada inicialmente ante el Tribunal Supremo del Frente Amplio, detallaba una serie de hechos ocurridos en el en torno laboral de la parlamentaria que provocaron en la víctima crisis de pánico y angustia, situación que la llevó a solicitar ayuda médica en el Instituto de Seguridad del Trabajo (IST). En el escrito, la denunciante solicitaba la expulsión de Riquelme del partido y entregaba supuestas pruebas como mensajes insinuantes vía WhatsApp.
La diputada, frente a la acusación, emitió una declaración pública señalando su autodenuncia ante el Ministerio Público para «esclarecer la verdad de los hechos», afirmando que dejaría todo en manos de los entes investigadores. Posteriormente, renunció al Frente Amplio, partido que había suspendido preventivamente su militancia. Desde entonces, no se ha conocido ningún avance concreto de la Fiscalía, donde no se ratificó la denuncia por parte de la víctima. Curioso resulta la forma en que se maneja este tipo de casos, porque aunque la diputada y abogada Marcela Riquelme hizo una “autodenuncia”, la justicia no actúa si no hay ratificación de la presunta víctima.
En paralelo, la Cámara de Diputados activó el Protocolo de prevención y sanción del acoso sexual, y se encargó a un legislador la elaboración de un informe que, hasta la fecha, permanece sin difusión, y según fuentes consultadas, bajo carácter “reservado”.
Reacciones conocido el caso
Las reacciones políticas cuando trascendió el caso hace casi un año, fueron inmediatas, pero diversas en su tenor. Desde el Partido Republicano, Renovación Nacional y el Partido Socialista se emitieron declaraciones que lo calificaron como «grave» y exigieron una investigación seria y completa, tanto en el ámbito penal como administrativo. Parlamentarios como Carla Morales y Daniella Cicardini criticaron el silencio y falta de apoyo institucional hacia la denunciante, destacando la incoherencia entre discursos feministas y acciones concretas.
Incluso la entonces presidenta de la Cámara , Karol Cariola, se refirió públicamente al caso a través de redes sociales, asegurando que se había puesto a disposición de la víctima toda la colaboración necesaria, y condenando “toda forma de violencia sexual”. ¿Cuál fue ese apoyo?
Hoy, sin embargo, las acciones concretas continúan sin resultados visibles. No hay imputaciones formales, resoluciones judiciales ni conclusiones del informe parlamentario encargado. La denuncia, como señalamos, tampoco fue ratificada por la víctima ante el Ministerio Público, lo que, para algunos sectores, ha contribuido a que el caso quede en una especie de limbo judicial y político.
La diputada Riquelme permanece en su cargo, ahora fuera del Frente Amplio, mientras la institucionalidad y los órganos correspondientes parecen haber levantado un manto de silencio sobre hechos que demandan atención urgente. ¿Indiferencia, cautela, desidia o encubrimiento? Lo cierto es que, a casi un año del inicio de este caso, las preguntas siguen en pie y las respuestas aún no llegan.
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